Sentencia de segunda instancia: Derecho a la vida, integridad y seguridad personal / Lideresa social y excandidata no electa / Temporalidad de las medidas de protección electorales / Deber de evaluar la persistencia del riesgo antes del desmonte.

Radicado: 05837-31-03-001-2026-00072-01

Magistrado Ponente: Oscar Hernando Castro Rivera

El Tribunal confirmó el amparo que ordenó a la Unidad Nacional de Protección restablecer y conservar, de modo transitorio, el esquema asignado a una lideresa social y víctima de desplazamiento durante su candidatura a la Cámara de Representantes, retirado luego de que no resultara elegida. Precisó que la temporalidad de las medidas otorgadas en el marco del proceso electoral no autoriza su desmonte automático una vez concluidos los comicios, pues el artículo 14 de la Resolución 864 de 2025 faculta al comité competente para mantenerlas respecto de candidatos no electos cuando la situación de riesgo y amenaza lo amerite, hasta tanto culmine la evaluación correspondiente.

Sentencia de primera instancia: Tutela contra providencia judicial / Conflicto de competencia dirimido por el superior funcional / Defecto procedimental absoluto / Control de legalidad – límites / Plazo razonable

Radicado: 05000-22-13-000-2026-00307-00

Magistrado ponente: Wilmar José Fuentes Cepeda

La Corporación amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de una sociedad, cuya demanda de restitución de inmueble arrendado permaneció más de quince meses sin auto admisorio, inadmisorio ni de rechazo, mientras los despachos municipal y de circuito continuaban disputando la competencia. Estableció que, dirimido el conflicto por el superior funcional, la asignación queda definitivamente zanjada, sea acertada o errada, sin que al juez designado le sea dable revivir ese debate bajo el ropaje de una nulidad o de un control de legalidad, pues ello equivale a desobedecer una providencia ejecutoriada e irrecurrible.

Acción de tutela 2ª instancia: Acceso a cargos públicos // Carrera administrativa // Plazo razonable // Vacantes definitivas

Magistrada Ponente: Claudia Bermúdez Carvajal

La Corporación revocó la sentencia de primera instancia -que había negado el amparo por improcedente— al considerar que la existencia de otros mecanismos judiciales no releva al juez constitucional de verificar su idoneidad y eficacia frente a una omisión que se prolonga en el tiempo. En cuanto al fondo, determinó que la CNSC y la E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó vulneraron los derechos del accionante al debido proceso administrativo y al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, pues la demora en el reporte de las vacantes definitivas y la posterior falta de habilitación de la plataforma OPEC impidieron su incorporación a la Oferta Pública de Empleos de Carrera, cerrando al actor la posibilidad real de aspirar a ellas dentro del proceso de selección por mérito.

Sentencia de segunda instancia: Derechos fundamentales de personas privadas de la libertad // Competencia del INPEC // Carencia actual de objeto.

Magistrada ponente: Nancy Ávila De Miranda

El Tribunal concluyó que el INPEC conserva la posición de garante sobre las personas privadas de la libertad por orden judicial, sin que la ubicación en centros transitorios altere su deber de custodia y respeto a la dignidad humana. Señaló  que la Corte Constitucional ha reiterado que los detenidos preventivos no pueden permanecer más de 36 horas en centros de reclusión transitorios y que el Estado tiene el deber de asegurar condiciones dignas de detención. Citó la jurisprudencia que desarrolla el principio de especial sujeción del interno frente al Estado y los límites de la competencia territorial y penitenciaria. Con base en la SU-316 de 2021, precisó que el hecho superado exige satisfacción voluntaria previa al fallo, lo cual no ocurrió, dado que el traslado se realizó en cumplimiento de la orden judicial del a quo.